Mundo Profesional
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata aclaró que las actividad de sus matriculados, como cualquier otra profesión liberal independiente «no se franquicia», por lo que empresas que actúan bajo esa figura lo hacen de manera ilegal.
“Frente a la errada información difundida públicamente, desvirtuando la “verdad” sobre las franquicias, confundiendo términos bajo textos inexactos, injuriando y calumniando a la dirigencia del sector inmobiliario bajo la figura de “amenazas e impedimento al trabajo”, resulta necesario aclarar, subrayar y poner de manifiesto que las profesiones liberales independientes no se franquician”, explicaron desde la entidad.
Vale recordar que los colegios profesionales en carácter de personas jurídicas de derecho público, tienen por objeto, funciones, deberes y atribuciones, como velar por el cumplimiento de la Ley 10.973, su reglamentación y las resoluciones que dicte el Honorable Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires, como así defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los martilleros y corredores públicos, velando por el decoro, prestigio e independencia de la profesión.
Las franquicias “comerciales” que operan en el rubro profesional afectan los derechos y garantías amparados por la legislación nacional y provincial, al delegar funciones promulgadas indelegables por la normativa aplicable, provocando graves perjuicios e inseguridad jurídica al público en general, detallaron desde el Colegio al salir al cruce de las versiones difundidas en la prensa.
«Exhortamos a la población tomar la precaución suficiente frente a la publicidad engañosa, evitando operar con cualquier tipo de franquicia “comercial”, en resguardo y protección de su patrimonio», recomendaron los martilleros en un comunicado.
Vale recordar que en varios municipios de la provincia ya se aprobaron ordenanzas que prohíben la instalación de franquicias inmobiliarias, e incluso a nivel nacional pesa sobre la mas reconocida de estar firmas, un pedido de disolución por parte de la Administración General de justicia, en pos de frenar el desarrollo de una actividad irregular.
