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En un contexto de creciente preocupación por el aumento de estafas inmobiliarias, especialmente en la previa de la temporada de verano, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno bonaerense sellaron un importante convenio de colaboración destinado a reforzar la prevención, detección y denuncia de maniobras fraudulentas que afectan a miles de ciudadanos.
La firma del acuerdo estuvo encabezada por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte Grand, y el titular del Colegio de Martilleros provincial, Luis Colao, quienes coincidieron en la necesidad de coordinar políticas e intereses comunes para enfrentar los delitos vinculados al mercado inmobiliario, tanto presenciales como digitales. El objetivo central será aunar esfuerzos contra el crimen organizado y garantizar el acceso irrestricto a la Justicia, con especial atención a los sectores más vulnerables.
Un problema que crece con la temporada
Cada fin de año, con la llegada de las vacaciones y el aumento de la demanda de alquileres temporarios en destinos turísticos, se multiplican las oportunidades para que grupos delictivos desplieguen maniobras engañosas: publicaciones falsas, suplantación de identidad, reservas inexistentes o cobros anticipados sin respaldo legal. La entidad que agrupa a los martilleros venía alertando sobre esta problemática, que perjudica tanto a los usuarios como a la actividad profesional.
En ese marco, el presidente del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial La Plata, Guillermo Saucedo, participó del acto y brindó detalles sobre el alcance del acuerdo. “Las partes nos comprometimos, cada uno desde su lado, a aportar los conocimientos para minimizar este tipo de delitos”, explicó. Según detalló, los martilleros actuarán como un canal de información hacia la Provincia cuando se detecten abusos o conductas sospechosas, mientras que el Ministerio Público se encargará de brindar herramientas para prevenir fraudes y facilitar que los damnificados accedan de manera inmediata a la Justicia.
Saucedo destacó que se trata de un Convenio Marco orientado a proteger a la comunidad de estafas inmobiliarias, delitos informáticos y publicidades engañosas, tres modalidades que crecieron de manera sostenida con el avance de las plataformas digitales. “Trabajar en políticas públicas para atacar el problema e intentar, en cada uno de los casos, darle soluciones a la ciudadanía”, resumió.
El acuerdo prevé el intercambio de datos y experiencias entre los Colegios de Martilleros de toda la Provincia y el Ministerio Público, permitiendo identificar patrones delictivos y actuar sobre ellos antes de que escalen. “A medida que vaya transcurriendo el tiempo se aportarán datos cruzados de aquellos ardides que vayan ocurriendo para atacar el problema de raíz. Todos somos conscientes de que, con el paso del tiempo, el ingenio delictivo no descansa”, concluyó Saucedo.
Con esta articulación institucional, el sector profesional y el Estado provincial buscan reforzar la protección ciudadana en un mercado altamente sensible, donde las estafas no solo generan pérdidas económicas, sino también desconfianza y daño social.
