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Luego de los reclamos distritales, el Colegio bonaerense le envió una nota al gobernador para que considere al sector como trabajadores esenciales ante la falta de pago de los inquilinos.
La semana pasada el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Púbicos de Bahía Blanca, Esteban Carlos Higo adelanto en este medio que desde el sector “estamos esperando para ver si nos incluyen en el levantamiento del día 13 para abrir las inmobiliarias; aunque sea con horarios especiales, implementando distanciamiento entre las personas que asistan a los lugares de atención”.
Sucede que, según confesó el profesional “la pandemia afectó los alquileres y el trabajo que realizamos quienes integramos este sector. Nosotros tenemos las oficinas cerradas porque estamos respetando las medidas de prevención”; por lo que para cobrar los alquileres “en algunos casos nos están depositando en nuestras cuentas particulares; con los riesgos que esto implica, dado que después tendremos que dar respuestas ante la AFIP» por lo que «lo que nos preocupa es cómo le vamos a aclarar al organismo que los montos que nos ingresan no son ganancia, sino dinero de la actividad”.
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Ante esto, Aníbal Fortuna, presidente del Colegio y la Caja de Martilleros de la provincia de Buenos Aires le envió una nota al gobernador Axel Kicillof para “solicitar formalmente que se instrumente por la vía correspondiente la habilitación de las oficinas inmobiliarias en todo el territorio de la Provincia”.
Las mismas abrirían “con las restricciones horarias y en el marco del protocolo sanitario que se disponga, a los efectos de poder desarrollar la actividad concerniente a la administración de propiedades”.
Sucede que, según indicó Fortuna, “las tareas de cobranza/pagos de cánones locativos incluye asimismo la de tributos municipales y provinciales como asimismo facturas de servicios públicos que luego son depositados en las respectivas cuentas, lo cual nos convierte en ‘recaudadores’ de tales conceptos”.
En algunos municipios se han dispuesto distintas normativas para habilitar el ejercicio profesional pero el reclamo deviene que, en el marco de la administración de alquileres, se pueda “lograr una disposición desde Gobernación que unifique criterios que apunten a lograr el más óptimo control en la prestación del servicio con resguardo de las pautas y protocolos sanitarios, requerimos una disposición en tal sentido”.
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Cabe destacar que, desde la Federación de Inquilinos a nivel nacional denunciaron que son muchos los inquilinos que piden un CBU para poder realizar la transferencia bancaria, sin embargo muchos se encuentran con la negativa por parte de la inmobiliaria, aún cuando debe establecerse ya que se estipula dicha medida en el Decreto 320/20.
