Mundo Profesional
El gobierno de Javier Milei vuelve a poner en marcha su lógica de demolición institucional, esta vez sobre el mercado inmobiliario. El paquete de reformas impulsado por Federico Sturzenegger busca eliminar regulaciones históricas bajo el argumento de “abaratar costos” y “abrir la competencia”, pero detrás del discurso libertario aparece un escenario alarmante: menos controles, más informalidad y un ataque directo contra los profesionales que garantizan seguridad jurídica en operaciones de enorme valor económico y patrimonial.
La iniciativa apunta a desmantelar pilares centrales del sistema inmobiliario argentino. Entre las medidas más polémicas aparecen el fin de los honorarios mínimos, la eliminación de la matriculación obligatoria para intermediar operaciones y la flexibilización de los aportes a las cajas previsionales profesionales. En paralelo, el Gobierno promueve una apertura total a plataformas digitales y operadores tecnológicos bajo la idea de que el mercado, por sí solo, resolverá todos los problemas.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo eliminar controles profesionales garantiza mejores condiciones para la sociedad?
El relato oficial sostiene que los colegios profesionales conforman un “coto cerrado” que encarece artificialmente las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, la experiencia demuestra exactamente lo contrario. Los honorarios profesionales representan una porción mínima dentro del costo total de una compraventa, donde los principales factores de encarecimiento son la inflación, la presión impositiva, el valor del crédito y la inestabilidad macroeconómica.
Presentar a martilleros y escribanos como responsables de los problemas del mercado no sólo es falso: es una maniobra política para justificar una desregulación extrema que termina favoreciendo a grandes plataformas, intermediarios informales y operadores sin responsabilidad profesional alguna.
La eliminación de la matrícula obligatoria constituye uno de los puntos más graves del proyecto. Si cualquier persona puede intermediar operaciones inmobiliarias sin título habilitante, sin formación específica y sin control ético o disciplinario, el resultado no será un mercado más eficiente, sino un terreno fértil para las estafas, la precarización y los conflictos judiciales.
El rol de los colegios profesionales no es meramente corporativo. Los martilleros matriculados y los escribanos cumplen funciones esenciales de control, trazabilidad y resguardo legal. Son actores que responden ante normas, organismos y tribunales. Destruir ese sistema implica debilitar las garantías de compradores y vendedores en operaciones que, para miles de familias, representan el ahorro de toda una vida.
La ofensiva libertaria también apunta contra las cajas previsionales profesionales, transformando en voluntarios aportes que sostienen sistemas jubilatorios autónomos construidos durante décadas. El objetivo parece claro: desarticular estructuras institucionales completas bajo la lógica de que toda regulación es un obstáculo y todo control una “casta”.
Pero la realidad vuelve a chocar contra el dogma ideológico.
El propio antecedente de la desregulación de alquileres, impulsada mediante el DNU 70/2023, expone las limitaciones del modelo. El Gobierno prometió que liberar totalmente el mercado generaría una baja de precios y una mejora automática en el acceso a la vivienda. Nada de eso ocurrió de manera estructural. Los contratos quedaron librados a condiciones muchas veces abusivas, aumentaron las exigencias para ingresar a un alquiler y se profundizó la incertidumbre para inquilinos y propietarios.
Ahora el Ejecutivo pretende avanzar un paso más: trasladar esa lógica de desprotección al corazón del mercado inmobiliario.
La idea de que eliminar profesionales abarata operaciones carece de sustento técnico. Ninguna evidencia seria demuestra que sacar matriculación, controles y aranceles mínimos genere beneficios reales para consumidores. Por el contrario, los países con mercados inmobiliarios más sólidos y transparentes cuentan con fuertes sistemas de regulación profesional, mecanismos de control y responsabilidades claramente establecidas.
Lo que sí genera la desregulación absoluta es concentración económica. Porque mientras se demoniza a los colegios profesionales, se habilita el desembarco irrestricto de plataformas tecnológicas y operadores financieros que buscan convertir el mercado inmobiliario en un negocio cada vez más despersonalizado, precarizado y opaco.
Detrás del discurso de la “libertad” aparece un modelo donde desaparecen las responsabilidades, se debilitan las instituciones y se deja al ciudadano solo frente a operaciones complejas y de alto riesgo.
La avanzada contra martilleros y escribanos no parece responder a una necesidad concreta del mercado, sino a una decisión ideológica: destruir cualquier estructura intermedia que limite el poder de las grandes corporaciones o del propio Ejecutivo. En nombre de la modernización, el Gobierno promueve un esquema donde cualquiera puede operar, nadie controla y las consecuencias recaen sobre la sociedad.
La motosierra ya no apunta solamente al Estado. Ahora también busca arrasar con las profesiones, las instituciones y las garantías jurídicas que sostienen la vida económica cotidiana de los argentinos.
