Mundo Profesional
La empresa de franquicias inmobiliarias Remax, que desarrolla su actividad de forma irregular en la provincia de Buenos Aires, es protagonista de un nuevo escándalo tras la denuncia del Sindicato de Empleados de Comercio por fraude laboral exigiendo que se brinden precisiones sobre el estatus de los «agentes inmobiliarios» que actúan bajo esa firma.
Le presentación llega en medio de un proceso judicial que podría ratificar la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que ordenó la disolución de la empresa por entender que realiza la actividad inmobiliaria por fuera de las normas legales que rigen a nivel nacional y en cada una de las provincias.
En la denuncia se advierte que «REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del monotributo».
» la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente», se explica en la denuncia.
Además el escrito asegura que el sistema de Remax «fue diseñado exclusivamente para hacerle creer a los trabajadores dependientes, que son ‘emprendedores’, ‘hacedores de su destino’, o bien, ‘profesionales inmobiliarios’, a través de su incorporación dentro de su estructura empresarial, con el único objetivo de beneficiarse por la prestación de sus servicios personales. Generando un daño irreparable para la categoría profesional que representan, de ‘empleados de comercio’. Y consecuentemente afectando, en forma directa, la actividad inmobiliaria»
Como primera medida el Ministerio de Trabajo dispuso una audiencia de conciliación para el próximo 15 de febrero para que la compañía brinde detalles sobre los mecanismos de contratación de sus empleados, que presenta bajo la figura de «agente inmobiliario» que no tiene ningún reconocimiento legal, y además serían mayoritariamente monotributistas, es decir que estarían una situación de precarización laboral.
Esta nueva presentación se suma a la larga lista de denuncias contra la firma multinacional, que tiene como principales impulsores a los Colegios de Martilleros, que reclaman que Remax se ajuste a derecho y deje de franquiciar una actividad que debe realizarse de manera directa por cada profesional matriculado.
Además, las entidad que nuclean a los martilleros y corredores públicos advierten que los «agentes inmobiliarios», desarrollan tareas que son propias de los matriculados y para las cuales no tienen incumbencias, por lo que se produce una grave irregularidad en el ejercicio profesional y una competencia desleal con el resto.
Valer recordar que además de la resolución de la IGJ, en varios distritos bonaerenses ya se aprobaron ordenanzas prohibiendo la instalación de este tipo de empresas, su actividad y hasta la publicidad como firma inmobiliaria.
