Mundo Profesional
En los últimos días, una fuerte controversia volvió a poner en el centro de la escena a la diputada nacional Marcela Pagano y a los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires, a los que la legisladora libertaria calificó como parte de la “casta” que, según su visión, impone costos burocráticos innecesarios por lo que deberían ser eliminados.
Las respuestas no tardaron en llegar y se multiplicaron los pronunciamientos de distintos colegios y federaciones, que rechazaron de forma contundente las expresiones de la diputada y advirtieron sobre las consecuencias de su iniciativa, no solo para las y los profesionales, sino fundamentalmente para los usuarios de los diferentes servicios que prestan los matriculados.
Desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, su presidente, Héctor Sainz, cuestionó la calificación de “casta” y remarcó que “si respetar la Ley Suprema de la Nación es ser casta, estamos en un problema importante”. A su vez, recordó que la colegiación obligatoria tiene rango constitucional y es una herramienta clave para garantizar el control ético y profesional de la matrícula.
En la misma línea, el Colegio de Abogacía de La Plata, el Colegio de Médicos del mismo distrito, el Colegio de Escribanos y otras entidades provinciales manifestaron que el proyecto impulsado por Pagano es “inconstitucional” y representaría un grave retroceso en materia de calidad y seguridad para los usuarios de los servicios profesionales.
En ese sentido, referentes del sector alertaron que eliminar la colegiación abriría la puerta a la práctica ilegal de profesiones críticas, como la medicina y la abogacía, y debilitaría los mecanismos de control frente a situaciones de mala praxis. Jorge Mazzone, representante de los médicos platenses, graficó: “Sin colegiación, estarían atendiendo muchos falsos médicos”.
Desde el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires también enfatizaron que el sistema de colegiación protege no solo a los matriculados, sino especialmente a la comunidad, ya que asegura la idoneidad, la actualización continua y la responsabilidad de quienes ejercen.
La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Buenos Aires (Fepuba) y colegios de ingenieros, agrimensores y otras disciplinas salieron en bloque a recordar que los colegios no son “corporaciones cerradas”, sino entes de derecho público creados por ley para regular la actividad profesional en beneficio de la sociedad.
Coinciden en que la colegiación no constituye un costo burocrático, sino una garantía de control de la ética profesional, respaldo legal para los matriculados y protección para los usuarios de servicios tan sensibles como la salud, la justicia, la construcción y la agrimensura.
Desde las distintas entidades se reclama al Congreso y al Ejecutivo provincial abrir canales de diálogo y respetar el marco normativo vigente, que tiene décadas de validez y consenso. Además, remarcan que debilitar la colegiación solo favorecería la precarización laboral y el intrusismo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.
El debate promete continuar en la Legislatura y, mientras tanto, el colectivo profesional bonaerense reafirma su compromiso con la defensa de la matrícula, la ética y la calidad de los servicios que brinda a la comunidad.
