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A 24hs del plazo para que PAMI rescindiera por completo el convenio con la Industria Farmacéutica, se reunieron para reactivar el convenio. Más de 5 millones de jubilados y 12 mil farmacias de todo el país estuvieron en la incertidumbre total.
Entre los puntos que el PAMI enarbola como los importantes de este acuerdo, se menciona una baja en el valor de las prestaciones y más controles para evitar gastos irregulares, como así también la garantía de atención de los afiliados hasta el último día de marzo del 2018.
Según trascendió, el nuevo convenio respeta el formato establecido en enero de 2017 con algunos cambios en el segmento de Medicamentos Oncológicos y tratamientos especiales (Medicamentos Ambulatorios e Insulinas y Tiras Reactivas). En líneas generales, esto implica un sistema de recupero de medicamentos de Alto Costo que no sean retirados de las farmacias por los afiliados. En este contexto, cabe destacar que se gastan unos 150 millones de pesos mensuales en medicamentos que no son retirados de farmacias y que el Instituto pierde 40 mil pesos cada vez que no se retira un remedio oncológico.
Estas medidas permitirán que PAMI pueda lograr una mayor eficiencia en el gasto en medicamentos –que implica el 33% del presupuesto del organismo-, lo que significará, en lo inmediato, un ahorro de 290 millones de pesos por mes cuando tiene un déficit anual de unos 900 millones de pesos.
Por último, del convenio se desprende que el PAMI pagará 2.400 millones de pesos mensuales a la industria por la prestación, si se supera ese monto el excedente se abonara en cuotas por un sistema denominado “puente financiero”.
Graciela Lujan, ex presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata aseguró “consideramos que una vez más este convenio no trae mayores cambios, sobre todo porque no se producen modificaciones que puedan generar condiciones de sustentabilidad para las farmacias como desde hace años venimos reclamando; es necesaria una revisión a las altas bonificaciones actuales y un cronograma claro de pagos”.
En este sentido agregó “hace 15 años el acuerdo PAMI-Industria pone en riesgo la viabilidad económica de las farmacias, produce una gran concentración del trabajo en pocas manos, avasalla las incumbencias profesionales y las leyes que rigen el ejercicio profesional, sobre todo porque se negocia con la Industria que es quien produce, pone precio, vende, audita y paga a las farmacias por la dispensa a los afiliados; es decir que el gobierno no ejerce un control real sobre el precio de los medicamentos y propicia que sigamos siendo rehenes de la Industria”.
