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El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, confirmó que este planteo se tratará el próximo viernes en la reunión del consejo. A su vez, señaló que actualmente la matrícula de Arroyo como profesional del derecho no está activa.
La presentación lleva la firma de los letrados Cecilia Rodríguez, Alfredo Jozami e Iván Tessari y pone de manifiesto su “profunda preocupación” por los antecedentes que salieron a la luz en las últimas semanas sobre la participación de Arroyo en la última dictadura cívico militar, en la que ocupó el cargo de “director de tránsito e interventor del Sindicato de Taxistas, designado por las autoridades militares del gobierno provincial”.
A su vez, también recordaron que Arroyo fue “sancionado” por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la ciudad. En ese sentido, detallaron que el 7 de mayo de 1992 se conoció la sentencia sobre el entonces subsecretario de Inspección General del municipio, porque en el marco de una causa de alimentos que se resolvió con un acuerdo transaccional que incluía los honorarios de Arroyo y de otra letrada, el actual candidato a intendente “percibió en su nombre y representación, no habiéndole pagado a la colega”.
En ese contexto, el Tribunal de Disciplina sancionó con “5 días de suspensión en el ejercicio de la profesión por haber violado con su conducta las normas de ética y profesional”.
“Los hechos que motivaron la sanción hacen merecedor de serios reparos sobre la persona y candidatura de Arroyo. Nos preocupa seriamente que un candidato se haya apropiado de dinero ajeno. Esa conducta daña seriamente la figura del candidato sobre todo cuando su discurso se basa, principalmente, en su supuesta honestidad y ética profesional”, señalan los abogados que impulsaron la presentación.
Por otra parte, la presentación también le apunta a Arroyo por su participación en la dictadura y plantean “la incompatibilidad constitucional y por ende legal para ser intendente”, dado que la Carta Magna establece la imposibilidad de ocupar cargos públicos para aquellas personas que hayan ejercido cargos durante períodos de interrupción del orden democrático.
Ante estos elementos, los tres abogados de la ciudad consideran que Arroyo “ostenta una doble inhabilidad para ser candidato a intendente de General Pueyrredon”. Y detallan “su inhabilidad ética por la sanción disciplinaria” y “su inhabilidad constitucional y legal por haber resultado funcionario designado por las autoridades de facto del último gobierno dictatorial”.
Fuente: portal 0223
