Mundo Profesional
Una fuerte controversia se desató en el distrito bonaerense de Tornquist tras la aprobación de la Ordenanza N.º 3988/25, una norma que habilita a propietarios de viviendas unifamiliares a ejecutar obras sin la intervención obligatoria de un profesional matriculado. La decisión, adoptada por unanimidad en el Concejo Deliberante, generó un inmediato malestar entre profesionales de distintas ramas —arquitectos, ingenieros y técnicos— y motivó que diversas entidades ya iniciaran acciones formales frente a la comuna.
La ordenanza permite que los propios dueños de los inmuebles firmen como “constructores” mediante una simple declaración jurada, asumiendo la responsabilidad técnica y legal de la obra. El alcance de la medida no es menor: exime de la firma de un constructor o representante técnico a obras de planta baja y un nivel, sin establecer límites de superficie en metros cuadrados. En la práctica, esto habilita construcciones de considerable envergadura sin control profesional obligatorio.
El texto aprobado sostiene que “cualquier ciudadano está legalmente habilitado para construir objeto edilicio, para cualquier función, sin límites”, y se apoya en una interpretación normativa que, para numerosos actores del sector, resulta cuanto menos controvertida. La eliminación de la intervención profesional fue leída como un cambio de reglas profundo en materia de edificación, seguridad y responsabilidades.
El impacto de la medida no tardó en sentirse en el ámbito profesional. Arquitectos, ingenieros y técnicos manifestaron su preocupación por los riesgos que, entienden, podría acarrear la aplicación de la ordenanza. Entre los principales cuestionamientos aparece la falta de supervisión técnica en obras que, aun tratándose de viviendas unifamiliares, pueden involucrar cálculos estructurales complejos, instalaciones reguladas por normas específicas y condiciones de seguridad laboral que requieren conocimientos especializados.
Según advierten referentes del sector, una vivienda de dos niveles puede implicar fundaciones, losas de gran peso, estructuras portantes y sistemas eléctricos, sanitarios y de gas que no solo deben cumplir con reglamentaciones técnicas, sino que también impactan directamente en la seguridad de las personas. La ausencia de un profesional responsable deja estas decisiones libradas al criterio del propietario, sin garantías externas de idoneidad.
Otro de los puntos que genera inquietud es el reemplazo del control profesional por una declaración jurada. Si bien el propietario asume formalmente la responsabilidad, distintas voces señalan que esta herramienta no sustituye el rol preventivo del conocimiento técnico. En caso de fallas, accidentes o siniestros, la cadena de responsabilidades podría volverse difusa y derivar en conflictos legales complejos, que incluso podrían alcanzar al propio Estado municipal por haber aprobado obras bajo este esquema.
El malestar no se limita a lo técnico. También hay preocupación por el impacto institucional y laboral de la ordenanza. Para muchos profesionales, la norma abre la puerta al ejercicio irregular de actividades reguladas y desvaloriza el rol de quienes cuentan con formación, matrícula y responsabilidad legal para intervenir en obras. En ese marco, varias entidades profesionales ya avanzaron con presentaciones y acciones formales ante las autoridades locales, cuestionando la validez y el alcance de la medida.
Desde estos espacios se advierte, además, sobre el posible efecto “precedente” de la ordenanza. Si la experiencia de Tornquist se consolida sin objeciones, podría replicarse en otros municipios de la provincia, alterando de manera significativa el sistema de control y regulación del ejercicio profesional en la construcción. Esto encendió luces de alerta más allá del distrito, con seguimiento atento por parte de colegios y asociaciones de distintos puntos de Buenos Aires.
En el plano económico, también se discute el supuesto beneficio que la norma promete a los propietarios. Si bien uno de los argumentos implícitos es la reducción de costos al prescindir de honorarios profesionales, desde el sector advierten que ese “ahorro” puede resultar engañoso. Errores de diseño, fallas estructurales o problemas en instalaciones suelen derivar en gastos mucho mayores a mediano y largo plazo, sin contar los riesgos para la integridad física de las personas.
Mientras tanto, el debate sigue abierto y promete escalar. Tornquist se convirtió en el centro de una discusión que excede largamente sus límites geográficos y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la simplificación administrativa sin comprometer la seguridad, la legalidad y la jerarquización del ejercicio profesional? La respuesta, todo indica, no se resolverá únicamente en el ámbito local.
