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Con evidente poder de presión por parte de las máximas autoridades del gobierno Nacional, la Justicia está a punto de concederle a Farmacity el aval para desembarcar en la provincia de Buenos Aires. El procurador General de la Corte Suprema da la Nación, Eduardo Casal, (quien ocupa el cargo en forma interina) dictaminó que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es inconstitucional.
Esa normativa que permitió el desarrollo de las farmacias en todo el territorio provincial era reclamado por la cadena que vende medicamentos y otros productos como en un supermercado y que fue dirigida hasta hace dos años y medio por el actual vicejefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Maruricio Macri, el poderoso ex CEO Mario Quintana.
Tras este polémico fallo que contradice a la Justicia bonaerense, la Corte Suprema podría resolver en la misma línea y permitiría que los comercios pertenecientes a sociedades anónimas puedan operar en el territorio bonaerense.
Como se sabe, dos de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- se excusaron de votar por sus vínculos con la cadena. Entonces serán sólo tres los jueces que decidirán el desembarco, para lo que necesitan unanimidad.
La ley vigente desde 1987 permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity ya que, según la normativa, las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud.
La batalla judicial de Farmacity contra la provincia comenzó en 2012, pero los tribunales bonaerenses rechazaron los sucesivos reclamos que, consideraron, incumplen la ley vigente.
Si bien la Justicia provincial subrayó que el tema no era de jurisdicción federal, la Corte Suprema Nacional decidió revisar el caso que pone en alerta a las más de 4 mil farmacias que se resisten a la llegada del monopolio. La intervención de Quintana en estas maniobras es inocultable según coinciden legisladores y dirigentes de la oposición y directivos del Colegio de Farmacéuticos de la provincia.
Días atrás, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, anunció que venderá sus acciones en la empresa Farmacity, con el fin de «evitar un eventual conflicto de interés». No obstante, el ex ministro de Salud de la nación, Daniel Gollán, expresó que con el fallo de la Procuración “el escandaloso negociado de Mario Quintana sigue avanzando” y remarcó que “las acciones que va a vender, cotizarán mucho más”.
Además de Gollan, los bloques opositores en la Legislatura bonaerense pusieron el grito en el cielo. «Con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías al territorio bonaerense, permitiéndole al amigo del presidente Mauricio Macri y actual vicejefe de Gabinete expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país», denunciaron desde Unidad Ciudadana.
El mismo bloque aseguró que «los más afectados (por el desembarco de Farmacity) van a ser los jubilados, los pacientes con enfermedades crónicas y sectores más vulnerables que van a quedar a merced de intereses monopólicos» así como «los habitantes de las localidades y los pueblos más pequeños donde el negocio no será rentable y van a estar desprotegidos».
Tambien desde el Frente Renovador presentaron objeciones. «Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. Pedimos además a legisladores provinciales de todos los bloques que defiendan la actividad farmacéutica de los negocios de unos pocos», demandó el legislador massista Lisandro Bonelli. El legislador presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para poner un freno a la cadena Farmacity, consideró además que “el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presión del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema de la Provincia que se debe expedir sobre el tema”.
“Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”, agregó.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinoso, explicó: “Es un juicio que inició Quintana en 2012 y ha perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. El año pasado cuando la empresa presentó una queja y pidió el expediente a La Plata, nosotros salimos a alertar que esto se estaba dando vuelta por la influencia del vice jefe de Gabinete de la Nación”.
“La Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud. Y el acceso de medicamentos y la salud es un tema de salud pública”, afirmó Reinoso.
Los farmacéuticos bonaerenses se plantaron y están decididos a dar una batalla en todos los planos para evitar que la cadena Farmacity desembarque con sus locales «polirrubro» que incluye la venta de remedios en las ciudades del territorio.
Hace unos meses, el Colegio y otras entidades que representan al sector, realizaron un «abrazo simbólico» al palacio de los Tribunales, en el centro porteño. Es que el pleito deberá resolverse en los despachos de los jueces de la Corte.
«La normativa provincial es constitucional y de corte sanitario. La irrupción de un modelo de mercado que propone la cadena Farmacity pondría en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema», agregaron los que se oponen a este intento del Ejecutivo de instalar Farmacity en Buenos Aires.
El litigio tiene varios años. «La causa se inició luego de que Farmacity intentara en 2010 abrir una farmacia en Pilar y se denegara el permiso bajo el argumento de que la ley local no permite que las Sociedades Anónimas sean dueñas de farmacias. La empresa agotó todas las instancias administrativas hasta que recurrió a la Justicia y ahora espera la decisión de la máxima autoridad judicial del país», dijero en la compañía.
La ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires fundamenta en la legislación el concepto de medicamento como un bien social y no una mercancía más» algo que obliga a las empresas del sector a garantizar la provisión en todo el territorio provincial.
Farmacity ya tiene locales abiertos en 14 provincias y la empresa argumenta que en esas jurisdicciones, «la competencia logró mejorar la performance de todo el sector a partir de una mejor calidad de prestación de un servicio esencial como la entrega de medicamentos, con trazabilidad controlada, y brindando empleo formal con capacitación permanente a profesionales farmacéuticos».
El Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino también planteó su oposición: «Estamos preocupados por el dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de que la empresa Farmacity opere en la Provincia. Esta decisión lo único que hace es beneficiar a un grupo económico violentando una ley que estaba vigente y no había generado inconvenientes», dijo el funcionario que defiende los intereses de los ciudadanos de la Provincia.
