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Es que si la decisión judicial se mantiene en lo que resta de julio, los institutos de estadísticas deberían computar la baja del precio del gas porque en abril registraron el aumento cuando el Gobierno modificó el cuadro tarifario. En algunas Provincias también el aumento de la tarifa de electricidad quedó afectada por resoluciones judiciales.
Además, las mediciones oficiales deberán registrar un menor valor en las canastas de consumo por la incidencia del menor precio del gas en el rubro servicios públicos.
Por ejemplo, en abril el índice porteño fue muy alto – 6,5%– por el fuerte alza del rubro Servicios que “respondió fundamentalmente a las subas en la tarifa residencial de gas natural por red, en el transporte público de pasajeros (colectivo y tren) y en el servicio de agua corriente”, informó en su momento la Dirección porteña.
El informe oficial de la Ciudad de Buenos Aires precisaba que “la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentó 21,6%, aportando 2,85 p.p. a la suba mensual del Nivel General, al impactar fuertemente el aumento de las tarifas residenciales de gas natural por red y la incidencia parcial del alza del servicio de agua corriente, seguida por los ajustes en los valores de los alquileres de la vivienda”.
También el IPC de San Luis registró el aumento del gas tanto de red como de la garrafa. Y las mediciones de las consultoras privadas hicieron lo mismo.
A su vez, la canasta de consumo la estadística oficial porteña registró una suba del 195% en el gasto del gas en los hogares. Ahora ese aumento quedó anulado con lo que el rubro de gas de la canasta deberá reflejarlo.
Estadísticamente, la suspensión del aumento del gas equivale a una baja del precio que se computa en proporción a su incidencia en el índice general.
Entre las consultoras privadas empezaron a debatir el tema. “Estamos evaluando si vamos a registrar una baja retroactiva a abril-mayo o consignar esa baja en julio si se mantiene la suspensión judicial”, le dijo a Clarín, el economista Fausto Spotorno. De todas maneras, reconoció que “el INDEC o los Institutos oficiales provinciales no podría modificar indices hacia atrás por el ajuste de contratos, depósitos y titutlos en base al CER, que sigue la evolución del IPC”.
Fuente: Diario Clarín
