Mundo Profesional
La reciente decisión de la Municipalidad de La Plata de suspender por 30 días la mayoría de las tramitaciones en las áreas técnicas de aprobación de proyectos —a través del Decreto 2732/25— generó un profundo malestar en la comunidad profesional. Frente a este escenario, un grupo de ingenieros nucleados en la Subcomisión de Ingeniería Civil del Distrito V difundió un comunicado expresando su “grave preocupación y profundo rechazo” a la medida, advirtiendo que afecta directamente el derecho al trabajo de los matriculados e introduce un nivel de incertidumbre sin precedentes en la actividad.
Los profesionales remarcan que la suspensión de trámites impide asesorar adecuadamente a los comitentes, dificulta la planificación y ejecución de obras y produce un efecto inmediato en la generación de empleo y en los incentivos para invertir en el Partido. Sin consultas urbanísticas, certificaciones técnicas ni aprobaciones administrativas, sostienen, la ingeniería local queda virtualmente paralizada.
Pero el comunicado agrega un elemento institucional relevante: la presidencia del Distrito V del Colegio de Ingenieros no se ha manifestado oficialmente frente al decreto. Ante esa ausencia de posicionamiento público, los integrantes de la Subcomisión consideraron necesario expresar su postura de manera colectiva, entendiendo que la situación compromete no sólo el ejercicio profesional sino también la seguridad jurídica de toda la cadena de valor de la construcción.
En relación con el contexto normativo, los ingenieros señalan que el Ejecutivo municipal presentó un proyecto de ordenanza para un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial ante el Honorable Concejo Deliberante. Si bien el Colegio participa habitualmente en el Consejo Único de Ordenamiento Territorial (COUT), destacan que el Distrito V no participó en la redacción del articulado del proyecto finalmente enviado para su tratamiento legislativo. Este punto profundiza la inquietud: los profesionales sienten que se avanza con modificaciones sustantivas sin un proceso de elaboración compartido y sin considerar la visión técnica de quienes deben aplicar esas normas.
El grupo advierte que los cambios propuestos podrían reducir significativamente las oportunidades laborales de los matriculados, al introducir un escenario de inseguridad jurídica que afectaría inversiones, planificación y desarrollo urbano. La combinación entre un nuevo código en debate y la suspensión total de trámites configura, para los ingenieros, un riesgo serio para el sector.
Finalmente, los profesionales reafirman su postura contraria a la medida municipal y su compromiso de seguir participando activamente en el COUT, elevando propuestas y observaciones en defensa del interés general y del ejercicio responsable de la ingeniería. La expectativa es que la institución recupere un rol de representación más visible frente a un momento que consideran crítico para la actividad.
