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El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante la contaminación desmedida registrada en los cursos de agua que atraviesan el territorio provincial y conectan con el Río de La Plata, “causando irreversibles daños tanto a la población como al ambiente”, señalaron en un comunicado.
Así, desde la entidad profesional remarcaron que “las afectaciones ocasionadas, encuentran sus causales en una falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires (y organismos vinculados) sobre la actividad industrial, la agropecuaria, y sobre el accionar negligente a cargo de las empresas responsables de realizar el debido tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes cloacales”.
A modo de ejemplo, el desde el Consejo de Química hicieron mención a los “altos niveles de metales pesados o de productos fitosanitarios registrados en las aguas del Río de La Plata, o recordar el hecho particular de cuando el arroyo Sarandí “se tiñó de rojo”, o “la mancha” de aguas servidas presente en el puerto de San Pedro, como así también a los desechos cloacales que se vierten al río en la localidad de Berisso, sin tratamiento alguno por parte de la empresa estatal ABSA”.
Estos casos, expresaron, “son representativos de cientos de accionares que vulneran cotidianamente el derecho a la población a un ambiente sano, los cuales se perpetran en un contexto generalizado de ´libre hacer´´ favorecido por las entidades gubernamentales encargadas de hacer cumplir las normativas vigentes y aplicar sanciones en tal sentido”.
Ante esto, la institución hizo manifiesto su particular interés en que “se de cumplimiento estricto a la Ley 7020 la cual, entre otras cosas, exige la matriculación obligatoria de todo personal abocado a tareas vinculadas con la manipulación de productos químicos, y define un marco de cumplimiento de los protocolos vigentes de seguridad e higiene”.
Asimismo, se intó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que, a través del Ministerio de Ambiente, entre otros , “se apliquen las políticas y acciones necesarias de modo que la actividad industrial y empresarial sea desarrollada bajo la ineludible obligación del cumplimiento de la Ley, y los protocolos sanitarios y ambientales”.
