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En las últimas semanas, la provincia de Buenos Aires fue escenario de dos episodios ambientales que volvieron a poner en el centro del debate la falta de controles sobre los procesos químicos-industriales y sus consecuencias tanto para la población como para el ambiente. Frente a estos hechos, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado exigiendo mayores controles y medidas preventivas urgentes.
El primer incidente tuvo lugar el pasado 7 de febrero, cuando el arroyo Sarandí apareció teñido de rojo, generando alarma entre vecinos y organizaciones ambientalistas. Si bien aún se investigan las causas, las primeras hipótesis indican que el fenómeno habría sido provocado por el vuelco ilegal de sustancias químicas provenientes de alguna actividad industrial en la zona. Diez días después, el 17 de febrero, un incendio en un frigorífico de Gorina (La Plata) derivó en la liberación de amoníaco en el aire, un compuesto tóxico que representa un riesgo para la salud en áreas densamente pobladas.
Ante esta situación, el Consejo Profesional de Química advirtió que estos episodios “se suman a una larga lista de siniestros relacionados con la indebida manipulación, almacenamiento, transporte o comercialización de sustancias peligrosas” y exigió a las autoridades provinciales que se refuercen los controles en la industria química y se implementen estrategias de prevención más eficaces.
“La necesidad urgente de reforzar los controles por parte de los organismos del Estado en pos de la salud de la población y la seguridad del ambiente es innegable”, señalaron desde la entidad, que se declaró en estado de alerta permanente. Además, remarcaron que “es imperioso actuar sobre las causas, para no seguir lamentando consecuencias”.
En este contexto, el Consejo Profesional de Química insistió en la importancia de la implementación del Registro de Establecimientos Manipuladores de Productos Químicos (REMPQui), un proyecto clave para garantizar un mayor control sobre las industrias que manipulan sustancias peligrosas. Sin embargo, advirtieron que hasta el momento el poder legislativo y los municipios han ignorado esta propuesta. “Esperamos que no se requieran más accidentes graves para vislumbrar esta realidad”, concluyeron.
La preocupación de los especialistas se alinea con los reclamos de vecinos y organizaciones ambientales, que reiteran la necesidad de mayor fiscalización sobre los establecimientos industriales que operan en la provincia. Mientras tanto, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades deja en evidencia una problemática recurrente que, de no ser atendida con urgencia, podría derivar en nuevos episodios de contaminación y riesgo sanitario.
