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Las recientes disposiciones 11362/2024 y 11378/2024 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que modificaron aspectos clave de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable —conocida como Ley de Etiquetado Frontal—, generaron preocupación entre profesionales de la salud y organizaciones vinculadas a la nutrición.
Desde el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires expresaron su inquietud frente a estos cambios que, según señalaron, “demuestran una falta de comprensión del contexto y las necesidades actuales en materia de salud pública”. En lugar de fortalecer el derecho a la información y la alimentación saludable, las nuevas normativas “flexibilizan los controles y aumentan la confusión de los consumidores”.
Retroceso en una política clave de salud pública
Sancionada en 2021, la Ley de Etiquetado Frontal fue considerada un hito en términos de acceso a la información. Permitía identificar productos ultraprocesados con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías mediante octógonos negros visibles en los envases. Además, prohibía el uso de personajes infantiles, frases engañosas y otros recursos publicitarios dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, las recientes disposiciones de ANMAT introdujeron modificaciones que, a juicio de especialistas, representan un retroceso en la política de salud pública, debilitando las herramientas de protección al consumidor.
Reducción de sellos y menor transparencia
Uno de los cambios más criticados es la reducción en la cantidad de sellos de advertencia, ya que ahora el cálculo de nutrientes críticos se realiza solo en función de los ingredientes añadidos en el proceso de elaboración, excluyendo los nutrientes intrínsecos. Esto implica, por ejemplo, que productos naturalmente ricos en grasas como la manteca, podrían quedar exentos de advertencias si no se les agregan otros ingredientes.
Además, se modificó el criterio para los sellos de edulcorantes: solo serán obligatorios si el aditivo cumple específicamente esa función, lo cual puede abrir una zona gris en la información que recibe el consumidor.
A esto se suma la eliminación de la obligación de mantener actualizada una declaración jurada sobre los rótulos de los productos. Según los nutricionistas, esta medida compromete seriamente la posibilidad de fiscalizar a la industria alimentaria y aumenta el riesgo de que se difunda información falsa o incompleta.
Publicidad dirigida a infancias y claims nutricionales
Otra modificación significativa afecta directamente a la población infantil: se redujo la edad de protección hasta los 16 años y se permitió nuevamente el uso de elementos gráficos o personajes infantiles en envases, lo que representa una marcha atrás en la protección frente al marketing agresivo.
Asimismo, se habilita el uso de «claims nutricionales» como “light” o “reducido en grasas” en productos que, aunque puedan tener un nutriente en menor proporción, aún contengan otros en niveles críticos. Esto puede inducir a error a los consumidores que, confiados en estas leyendas, elijan productos poco saludables.
Acciones legales y recomendaciones
En respuesta a esta situación, la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) presentaron recursos de alzada ante el Ministerio de Salud con el objetivo de revertir estas disposiciones que, según indicaron, “debilitan la ley y ponen en riesgo la salud pública”.
Por su parte, la Lic. Valentina Neira (MP N.º 5257), en diálogo con el diario El Norte, advirtió: “Si se relajan los controles, se pierde transparencia. Estamos volviendo a dejar a la industria alimentaria con menos regulaciones y más margen para manipular la información”.
Ante este panorama, Neira recomendó a los consumidores:
- Leer atentamente la lista de ingredientes y la tabla nutricional, más allá de los octógonos.
- Desconfiar de productos que se promocionan como “light” o “reducidos” si contienen otros nutrientes críticos.
- Evitar elegir alimentos por su envoltorio, colores o personajes llamativos.
“La alimentación saludable no debería depender del marketing ni de etiquetas confusas. Debería ser un derecho garantizado con información clara y honesta”, concluyó la especialista. “En momentos económicos difíciles, el mercado no va a defender nuestra salud. Quienes deben hacerlo son las leyes y el Estado”.
Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense, reafirmaron su compromiso con la defensa de una alimentación justa, consciente y accesible, y pidieron que se reviertan los cambios normativos que desdibujan el espíritu original de la ley.
