Mundo Profesional
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes presentó una acción de amparo colectiva contra el Estado Nacional, en particular contra el Ministerio de Capital Humano y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.), con el objetivo de exigir el restablecimiento urgente y pleno funcionamiento de las Comisiones Médicas con sede en la cabecera del distrito y en Luján.
La iniciativa surge como respuesta a la grave y prolongada deficiencia en la prestación del servicio público a cargo de dichas Comisiones, situación que ha generado serias dificultades para el normal desarrollo del trabajo de los abogados matriculados y, especialmente, ha afectado los derechos de los trabajadores que necesitan resolver trámites y obtener dictámenes médicos en el marco del sistema de riesgos del trabajo.
El amparo presentado destaca la problemática de las derivaciones arbitrarias de expedientes hacia Comisiones Médicas de otras jurisdicciones, lo que implica costos adicionales, pérdida de tiempo y vulnera el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su ámbito territorial. En muchos casos, los procesos administrativos se encuentran paralizados desde hace meses o incluso años, afectando gravemente a trabajadores que esperan resoluciones para acceder a prestaciones y compensaciones.
El reclamo exige:
- El cese inmediato de las derivaciones a otras ciudades.
- La restitución del plantel médico y administrativo necesario para garantizar el funcionamiento regular de ambas sedes.
- La resolución urgente de los expedientes acumulados y pendientes de tratamiento.
Además, la acción judicial promovida por el Colegio incluye el pedido de inconstitucionalidad del artículo 8 de la Resolución 326/2017 de la SRT, en tanto su interpretación y aplicación actual generan alteraciones que afectan principios fundamentales como el del juez natural, la accesibilidad al servicio de justicia y el ejercicio profesional dentro del ámbito jurisdiccional correspondiente.
Defensa del ejercicio profesional y de los justiciables
Con esta medida, el Colegio de Abogados reafirma su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de sus matriculados, garantizando las condiciones adecuadas para el ejercicio de la abogacía y, a la vez, protegiendo el acceso a la justicia de los trabajadores que recurren a las Comisiones Médicas para resolver conflictos derivados de enfermedades y accidentes laborales.
Desde la institución señalaron que continuarán impulsando todas las acciones necesarias para revertir la situación actual y restablecer la normalidad en la prestación de este servicio esencial para el sistema de riesgos del trabajo.
