Profesionales platenses contra las franquicias inmobiliarias ilegales

24/09/2016
Martilleros

Martilleros de la región se reunieron para acordar un plan de acción en contra de las franquicias ilegales, contra las que vienen desarrollando una histórica lucha en la justicia, sin obtener respuestas.

Esta semana trascendió una noticia alentadora desde la Provincia de Mendoza, donde la Corte Suprema local falló en contra de una Franquicia que facilita el ejercicio ilegal a personas sin el título habilitante ni matrícula que les permita ejercer de acuerdo a Ley.

La justicia mendocina atendió así a un reclamo de idénticas características al que han planteado en sucesivas oportunidades los Martilleros y Corredores Públicos bonaerenses y que se debate tanto en el fuero Contencioso Administrativo, como en el Penal, por denuncias contra aquellos que ejercen ilegalmente la profesión, y a los que facilitan este acto ilegal a otros.

Pero ante la dilación de los trámites judiciales, los profesionales se reunieron en la Asociación de Martilleros de La Plata para trazar un plan de acción y exigir respuesta a los reclamos, remarcando que el objetivo es la defensa tanto de la fuente laboral de 7000 familias de la Provincia como de las personas incautas que caen en manos de inescrupulosos que pueden perjudicarlos gravemente en su patrimonio y buena fe, llegando a perder sus casas o los ahorros de una vida.

El mecanismo que ponen en practica las franquicias ilegales que denuncian los profesionales, consiste en permitir que personas asociadas a estos sistemas más conocidos como la “estafa piramidal”, actúen sin estar legalmente habilitados, y vayan pagando a los que están sobre ellos en la pirámide para lograr el soporte publicitario y poder continuar el ciclo, con la ventaja de que al no estar habilitados no son pasibles de sanción en ningún tribunal de disciplina.

Por lo tanto llevan adelante métodos que chocan con el código de ética profesional, desde la presión desmedida a firmar documentación sin asesoramiento, irrumpir en domicilios para persuadir a clientes de inmobiliarias autorizadas, hasta vender datos de posibles clientes sin respetar el secreto profesional debido, alterando de esta manera el correcto desenvolvimiento de las negociaciones tan delicadas en la mayor parte de los casos.