Mundo Profesional
La decisión de suspender la atención a pacientes del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por parte de psicólogos bonaerenses volvió a poner en debate el funcionamiento de la obra social provincial y dejó a numerosos afiliados sin acceso a tratamientos de salud mental.
La medida fue adoptada por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito XI, que resolvió interrumpir las prestaciones para afiliados de IOMA ante la falta de pago de honorarios y la ausencia de respuestas institucionales por parte de la obra social. La suspensión incluye además la imposibilidad de iniciar nuevos tratamientos, lo que profundiza el impacto sobre los pacientes que dependen de esa cobertura.
Desde la entidad profesional señalaron que la decisión se tomó luego de una advertencia pública realizada el 7 de marzo, tras la cual no se registraron avances en la regularización de los pagos ni en la presentación de un cronograma que permita saldar las prestaciones adeudadas. Según indicaron, la falta de definiciones llevó a adoptar una medida que calificaron como “contundente e inédita” por el alcance que tiene sobre los afiliados y los profesionales del sector.
El conflicto afecta a psicólogos que ejercen en distintos municipios bonaerenses, entre ellos Berisso, Brandsen, Castelli, Chascomús, Ensenada, General Belgrano, General Paz, Lezama, Magdalena, Monte, Pila y Punta Indio, donde numerosos pacientes dependen de la cobertura de la obra social para sostener tratamientos psicológicos en curso.
Desde el Colegio remarcaron que los atrasos en los pagos colocan a muchos profesionales en una situación económica crítica, agravada por demoras administrativas y actualizaciones de honorarios consideradas insuficientes frente al aumento de costos. En ese contexto, sostienen que continuar prestando servicios sin previsibilidad en los cobros se vuelve cada vez más difícil de sostener.
El escenario también se da en medio de otras dificultades vinculadas a la cobertura de IOMA. En los últimos días trascendieron problemas en la atención de docentes jubilados bonaerenses que residen fuera de la provincia, quienes habrían perdido acceso a prestaciones tras la cancelación de convenios con clínicas y hospitales de otras jurisdicciones.
Mientras tanto, los profesionales de la salud mental aseguraron que la suspensión de la atención se mantendrá hasta que la obra social presente respuestas “concretas y efectivas” que permitan normalizar los pagos y garantizar condiciones sostenibles para la continuidad del sistema de prestaciones.
El conflicto vuelve a exponer tensiones entre prestadores y la mayor obra social de la provincia, que brinda cobertura médica a más de dos millones de afiliados en el territorio bonaerense.
