Sanz, Angelici y Maxi Abad unen fuerzas para quedarse con los abogados del Consejo de la Magistratura

27/09/2018
Abogados

Dos de los principales operadores políticos de Cambiemos y del macrismo, con fuerte influencia en la Justicia Federal, Ernesto Sanz y Daniel Angelici, instrumentaron una maniobra al límite de la legalidad para tratar de garantizar el triunfo de una lista de abogados que debe competir por un lugar en el Consejo de la Magistratura, para lo cual potenciaron la candidatura de Marina Sánchez Herrero, la esposa de Maximiliano Abad, titular del bloque oficialista en la cámara baja bonaerense.

A través de un recurso enmarañado,Sanz y  Angelici lograron fusionar sus nóminads de candidatos -con el aval de la Justicia en primera instancia- para quitarle chances a la opositora la lista 3 encabezada por Bienvenido Rodríguez Basalo que representa a sectores peronistas, kirchneristas e independientes que tienen una mirada crítica sobre la política del gobierno de Cambiemos y que se perfilaba con buenas chances de alcanzar el triunfo.

El Consejo tiene 13 miembros: tres jueces, dos abogados (uno por Capital y otro por el Interior del país), tres senadores nacionales, tres diputados nacionales, un representante del Poder Ejecutivo y uno del sector académico.

Entre el 5 y el 9 de octubre los abogados van a las urnas para elegir a sus dos consejeros en el organismo de selección de jueces, fiscales y defensores de todo el país, que reemplazarán a Adriana Donato y Miguel Piedecasas, quienes representan a los abogados porteños y del interior, respectivamente.

Lo que está en juego es qué perfil adoptarán los nuevos miembros con respecto al Gobierno, que había logrado homogeneizar un bloque sólido dentro del órgano de selección y remoción de jueces.

Por eso, el oficialismo buscó evitar hasta último momento la dispersión de contendientes, ya que para competir en las elecciones de los abogados del interior el próximo viernes 5 de octubre, se presentaron 6 listas con una compleja ingeniería de acuerdos y respaldos políticos.

Las listas oficializadas en primera instancia en la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con sus titulares y suplentes, fueron:

  • LISTA 1 “LA ABOGACÍA Y LA COLEGIACIÓN”: Antonio Bustamante (abogado tucumano radical, impulsado por la FACA) y José Luis Lasalle (San Nicolás).
  • LISTA 2 “NUEVA PARTICIPACIÓN FEDERAL”: Martín Carranza Torres (Córdoba, liberal y apartidario) y Manuel Linares Carosio (Mendoza).
  • LISTA 3 “COMPROMISO CON LA CONSTITUCIÓN”: Bienvenido Rodríguez Basalo (Presidente Colegio de Abogados de Quilmes y vicepresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires) y Ornella Serra (Córdoba).
  • LISTA 4 “CAMBIO REPUBLICANO FEDERAL”: Carlos Matterson (de Bell Ville) y Diego Paulo Isabella (San Isidro). Es la lista que apadrina Daniel Angelici.
  • LISTA 5 “ABOGADOS POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE”: Marina Sánchez Herrero (Mar del Plata, esposa de Maxi Abad, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Cambiemos. Es la lista que apadrina Ernesto Sanz) y Luis Antonio Quassolo (Marcos Juárez).
  • LISTA 6 “ABOGADOS PLURALISTAS”: Luis Alberto Palomino (radical de San Isidro) y Ana Karina Rojo (Neuquén). Una lista sin “padrino”.

Según el reglamento de la Junta Electoral, tras la presentación de las listas los apoderados contaban con cinco días para hacer planteos o correcciones de último momento. Pero, por fuera de ese plazo legal, y luego de haberse oficializado definitivamente las 6 listas presentadas, se produjeron dos renuncias simultáneas: la de Luis Antonio Quassolo, el suplente de Marina Sánchez Herrero, la candidata de Sanz, y la de Carlos Matterson, el titular de la lista de Angelici, que pide ir como suplente de la lista de Sánchez Herrero.

El resultado es una fusión de las listas de Sanz y Angelici, una jugada política para evitar dividir el voto oficialista y polarizar la elección con la lista peronista de Rodríguez Basalo.

La FACA dio el visto bueno a la fusión de nóminas pero rechazó que Matterson vaya como suplente de Sánchez Herrero por considerar que ya había oficializado su candidatura con otro sello.

Los “operadores judiciales en las sombras” -y no tanto- del oficialismo fueron por más y acudieron a la Justicia Electoral. Y allí encontraron lo que buscaban: un fallo favorable de la jueza federal María Servini de Cubría, quien convalidó la conformación de una alianza electoral entre las listas 4 y 5, pese a encontrarse vencidos todos los plazos previstos en el cronograma electoral y luego de haberse oficializado definitivamente las 6 listas.

Para el presidente del bloque de Cambiemos en la cámara de Diputados de la provincia la jugada representa una ampliación de su poder de influencia, en este caso a través de su esposa y podría ligarse directamente con el rol que esta jugando Abad para evitar una ruptura del oficialismo con los sectores críticos del radicalismo bonaerense.

Apelación

En la apelación que presentó a la resolución de Servini, Rodríguez Basalo expuso que las listas 4 y 5 “no representan al mismo sector ni los mismos intereses, por eso no se han presentado en tiempo oportuno conformando una alianza y por eso cada una presentó distintos candidatos y distintos avales”.

Y agregó que presentarse “como una sola cosa”, a 20 días del cierre de campaña, “constituye una estafa a los electores y una violación al principio de igualdad con el resto de las listas. De admitirse el controvertido criterio de la Sra. Jueza cualquiera de los candidatos de cualquiera de las listas, podría hasta un día antes de la elección peticionar integrar otro de los binomios”.

Se espera que en las próximas horas haya una resolución al respecto, aunque fuentes judiciales dan por hecho que se confirmará el pronunciamiento de la jueza favorable al oficialismo. Además, las listas 1, 2, 3 y 6 emitieron un duro comunicado para denunciar la situación irregular (se adjunta abajo).

Las cuatro listas competidoras afectadas por la maniobra, denunciaron en un comunicado conjunto que de confirmarse el fallo de Servini en segunda instancia “pondría en sospecha la propia composición futura de este órgano de raigambre constitucional, y constituiría un peligroso precedente para todos los procesos eleccionarios futuros”.