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A dos años de su implementación, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos ha encontrado una respuesta desigual en las provincias argentinas, lo que ha llevado a ciertas deficiencias en su aplicación, especialmente en los entornos escolares y las compras públicas.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Fundación Sanar han proporcionado un análisis exhaustivo sobre el estado de la implementación de esta ley a través del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina. Los datos presentados en el 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, revelan que, aunque se ha avanzado en ciertos aspectos, queda un trecho por recorrer para lograr una aplicación efectiva y uniforme.
Según la nutricionista Florencia Guma, co-fundadora de la Fundación Sanar, el progreso general de las normativas para la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal es del 63,3%. Esto incluye tanto las competencias a nivel nacional como las provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, es importante señalar que la implementación en las provincias ha sido desigual, lo que ha tenido un impacto directo en áreas críticas como los entornos escolares y las compras públicas.
María Laura Fons, abogada del área de Salud de FUNDEPS, ha destacado que a nivel nacional se han publicado la mayoría de las normas complementarias, como la reglamentación y la regulación de la publicidad. No obstante, Fons también subraya la necesidad de crear un registro nacional de infractores para fortalecer la aplicación efectiva de la ley. En relación a las provincias, Fons explica que las competencias se centran en dos aspectos clave de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas.
Es relevante resaltar que, a pesar de la adhesión de siete provincias a la Ley de Etiquetado Frontal, se necesita un mayor compromiso para asegurar su completa implementación. De las provincias adheridas, Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro se unieron a la causa, pero el avance en su implementación ha sido limitado. Neuquén, Salta y Tierra del Fuego han mostrado algún progreso en los mecanismos de implementación, pero aún no han abordado por completo todos los componentes de la ley.
En palabras de María Laura Fons, «esto no quiere decir que en las provincias no se implemente nada de la ley, porque hayan adherido o no, es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla». Es esencial que se redoblen los esfuerzos en todas las jurisdicciones para garantizar la plena efectividad de la ley y su impacto positivo en la salud pública.
El segundo aniversario de la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados hasta ahora y para reafirmar el compromiso con la salud y el bienestar de todos los argentinos. A medida que se sigue trabajando en la implementación completa en todas las provincias y jurisdicciones, el etiquetado frontal de alimentos se consolida como una herramienta vital para empoderar a los consumidores y brindarles información clara y accesible para tomar decisiones informadas sobre su alimentación.
