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Tras el anuncio del «honorario médico ético mínimo» impulsado por más de 30 asociaciones médicas en el país, las quejas por el cobro de copagos en el sistema de consultas médicas de obras sociales y medicina prepaga han aumentado. El representante de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, advirtió que estas medidas podrían perjudicar a los consumidores.
La semana pasada, en un comunicado conjunto, las asociaciones médicas informaron que se estableció un honorario mínimo de $6,000 para las consultas profesionales. Según el comunicado, si el monto recibido por los médicos de parte de las obras sociales, prepagas u otros sistemas de salud es menor a esta cifra, la diferencia deberá ser cubierta por los pacientes como un bono complementario no reintegrable.
En respuesta a estas medidas, Bassano expresó su preocupación por la carga adicional que supone para los consumidores. Argumenta que los pacientes que ya pagan cuotas sociales mensuales significativas se ven obligados a asumir estos nuevos copagos, lo que podría crear dificultades financieras para muchos.
Bassano también señala que los médicos, que en muchos casos cobran tarifas bajas por sus servicios, no deberían trasladar esta carga económica a los consumidores. En su opinión, esta situación refleja una falta de comprensión de la relación de consumo entre médicos y pacientes, en la que el principal punto de atención debería ser el bienestar del consumidor.
El representante de la ADDUC destaca que esta práctica se está llevando a cabo en todo el país y considera que va en contra de las normas vigentes. Además, argumenta que las empresas de medicina prepaga se han convertido en entidades financieras que distorsionan el propósito original de la medicina.
Desde ADDUC tomaron varias medidas en este sentido, en primer lugar, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, solicitando una investigación sobre la cartelización de todas las cámaras médicas y asociaciones médicas que han establecido estos copagos no autorizados. Considera que esto viola la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Medicina Prepaga y los derechos del consumidor.
Además, Bassano está exigiendo la creación de un Observatorio de Precios y la intervención del Ministerio de Salud. Argumenta que esta es una cuestión de relación de consumo y que las empresas de medicina prepaga y obras sociales son plenamente responsables de la situación actual.
Para abordar esta problemática, Bassano insta a los consumidores a solicitar y conservar los recibos de los copagos y a presentar denuncias tanto en el ámbito médico como en la Superintendencia de Servicios de Salud. Subraya que el consumidor no debe ser perjudicado cuando ya paga sus cuotas y que la responsabilidad de resolver estos problemas recae en los proveedores de salud.
Finalmente, Bassano plantea la sospecha de que estas medidas, anunciadas poco antes de las elecciones, podrían tener un propósito especulativo que perjudique a los consumidores. Destaca que estas empresas han estado desfinanciando el sistema de salud durante años y que es urgente tomar medidas para sancionar y modificar el sistema en beneficio de todos los consumidores.
