Mundo Profesional
Pese a la reciente sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA) advirtieron que en la Argentina sigue sin aplicarse un enfoque integral que contemple a la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y accesibilidad universal.
En diálogo con el programa radial Código Baires, Claudia Spidalieri, presidenta del COTOBA, remarcó que la nueva normativa se limita a garantizar el pago de prestaciones de salud, pero deja de lado aspectos fundamentales como el acceso a la educación, el trabajo, la vivienda, la participación política y la vida independiente. “¿Tiene que haber una ley para decir que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esa es mi pregunta”, cuestionó.
Spidalieri señaló que “la discapacidad es una problemática social” que puede atravesar a cualquier persona en algún momento de su vida, ya sea por una enfermedad, un accidente o una condición adquirida. Desde esta mirada, propuso pensar la discapacidad en tres dimensiones: la situación, la condición y la posición. “Cualquiera de nosotros puede encontrarse en situación de discapacidad si las barreras del entorno lo impiden”, explicó.
En ese sentido, reclamó una política pública integral, con perspectiva de accesibilidad universal. Este concepto, explicó, implica que servicios, entornos y programas sean diseñados desde el origen para todas las personas, y no adaptados de forma posterior. “No se trata solo de incluir, sino de no excluir desde el diseño”, subrayó. Como ejemplo, recordó que muchas tecnologías actuales, como los celulares con mensajes de voz, surgieron originalmente de adaptaciones pensadas para personas con discapacidad visual.
Asimismo, destacó la importancia de los “ajustes razonables” como herramientas concretas para garantizar igualdad de condiciones. “Si yo mido 1,30 y vengo a una entrevista, el ajuste razonable es una silla a la altura adecuada y un micrófono accesible. Esas modificaciones garantizan mi derecho a la comunicación”, ejemplificó, enfatizando que la falta de accesibilidad constituye una forma de discriminación.
“La discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que impone la sociedad”, afirmó, y agregó que no puede haber inclusión real si se siguen reproduciendo estructuras estigmatizantes y excluyentes.
En relación al mundo laboral, Spidalieri advirtió que en la Provincia de Buenos Aires los expedientes para el ingreso de personas con discapacidad a la administración pública son evaluados por una comisión médica “hegemónica” que utiliza criterios obsoletos. Además, cuestionó el sistema de talleres protegidos, señalando que la propia ONU recomendó su eliminación: “Lo que corresponde es garantizar el derecho al trabajo, no promover la segregación”.
Por último, la titular del COTOBA reclamó el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y exigió una revisión legislativa en todos los niveles del Estado. “Los legisladores deben sentarse a revisar las leyes para adecuarlas a los principios de la Convención. Si no hay voluntad política, no hay garantía de derechos”, concluyó.
