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El Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de La Plata sumó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad que promueve el gobierno de Javier Milei, y advirtieron que el verdadero objetivo es la criminalización de los menores.
«Es tremendo y realmente nos angustia mucho la intención del Gobierno de bajar nuevamente la edad de imputabilidad como único recurso y así criminalizar constantemente a los pibes y pibas», afirmó Paola Elizabeth Ageitos, presidenta del Distrito La Plata del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales.
En declaraciones radiales Ageitos también criticó la ausencia de políticas públicas eficaces para los jóvenes, denunciando el cierre de programas esenciales como los complejos de Chapadmalal, que ofrecían a los jóvenes la oportunidad de conocer el mar, una experiencia única para muchos de ellos. «Es claro que no hay políticas públicas destinadas a los jóvenes», enfatizó.
La titular del Colegio subrayó el impacto negativo que la gestión actual ha tenido sobre las condiciones laborales de los docentes y trabajadores sociales, que están sobrecargados y agotados. «Recién van 8 meses de gestión y ya no nos da el cuerpo para atajar tanto, y por eso nos parece propositivo y agradecemos los espacios para expresarnos, es necesario replicar la lucha que estamos llevando adelante», sostuvo.
Ageitos también cuestionó la falta de intervenciones estatales efectivas para prevenir que los jóvenes cometan delitos, y recordó que no existe evidencia de que adolescentes de 13 años estén involucrados en crímenes de adultos. «No hay estadística oficial de que pibas y pibes de 13 años estén cometiendo delitos de adultos», sentenció la profesional y reclamó que el Gobierno implemente políticas preventivas en lugar de criminalizar a los jóvenes.
Finalmente, Ageitos hizo un llamado a reflexionar sobre las condiciones laborales en la Provincia de Buenos Aires, especialmente para los docentes, quienes, enfrentan salarios bajos y un desgaste significativo. «Las docentes terminamos cansadas y desgastadas», concluyó, subrayando la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales y de garantizar un entorno de trabajo más justo y sostenible para los profesionales de la educación y la salud.
