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Desde la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal aseguraron que el programa Incluir Salud debe más de 12 meses de prestaciones. Están en peligro los tratamientos de 6000 pacientes.
La Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal alerta sobre las dramáticas consecuencias que la falta de recomposición arancelaria y significativo retraso en los pagos de las principales financiadoras de servicios de salud, encabezadas por Incluir Salud, está provocando en los pacientes en diálisis.
Ya son varias las reuniones y notificaciones con representantes de la institución, sin embargo, aún no se ha encontrado una solución definitiva más allá de insuficientes pagos puntuales que no han permitido compensar la abultada deuda, que en el caso del Programa Incluir Salud incluye más de 12 meses de prestaciones impagas.
“Esta situación ha vuelto insostenible la continuidad de brindar los servicios. Lamentablemente, muchos centros han tenido que cerrar sus puertas y derivar pacientes, incluso a otras localidades, para seguir con sus tratamientos. Por todo esto, las organizaciones que nuclean a los centros de diálisis de todo el país, incluida esta Cámara, han dispuesto no incorporar nuevos pacientes del Programa Incluir Salud”, remarcaron a través de un comunicado.
De no ser posible la inmediata y total cancelación de la deuda, como así también un ajuste de los valores prestacionales, correrá peligro el tratamiento de miles de beneficiarios del Programa. Cifras oficiales indican que en todo el país hay casi 6.000 pacientes en diálisis bajo la cobertura de Incluir Salud.
“Una semana sin diálisis representa para muchos la muerte. No se puede jugar más con la vida de los personas. Ya no se trata de un tema económico, sino de salud pública donde los más afectados siempre son los carenciados que no tienen otra alternativa de tratamiento”, aseguró Enrique Schinelli, gerente de la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal.
“Ante los altos costos de la atención médica privada, muchas personas ya no pueden pagar sus seguros médicos. Así, se vuelcan a los hospitales públicos sobrepasados, que se encuentran obligados a dar respuesta a una creciente demanda que no se ve acompañada por un aumento del presupuesto ni de personal. Esto repercute directamente en la calidad de la atención de un sistema de salud público en crisis que atiende a 16 millones de personas. Entonces, ¿qué calidad de atención y continuidad de los tratamientos les queda a los más vulnerables?”, enfatizó Schinelli.
“No hipotequemos el futuro de la población ni del sector. Este es un problema que requiere una inmediata intervención de los agentes públicos para poder recomponer la situación de total degradación en la que nos han dejado”, concluyó el vocero.
