Mundo Profesional
Una lluvia de amparos judiciales en contra del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales desnudan las desprolijidades del oficialismo y sus «colaboradores» en la creación de la nueva entidad profesional, que según sus detractores fue pensada «a la medida» de la empresa Monsanto para garantizarse la libre fumigación del territorio bonaerense, en un acuerdo directo con el gobierno de María Eugenia Vidal.
Con el aval del ministro de Agroindustria y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, se logró escindir a la rama de la ingeniería agronómica del Colegio de Ingenieros que hasta el año pasado nucleaba a todas las especialidades, lo que provocó un enorme bache jurídico para miles de matriculados que compulsivamente debieron pasar a la nueva entidad y perder la posibilidad de jubilarse en la Caja a la cual aportaron durante toda su vida.
En ese sentido la justicia no solo objetó artículos de la Ley de creación del nuevo colegio profesional, sino que ya se aceptaron varios amparos de ingenieros agrónomos que quieren seguir matriculados en el CIPBA y, sobre todo, mantener los aportes jubilatorios en la CAAITBA.
La última cautelar, a favor del ingeniero Adrián Rodriguez Pirani, determinó que «la ausencia de previsión legislativa acerca del destino de los aportes previsionales de los ingenieros agrónomos a partir de la creación de su nuevo colegio Profesional, no podría implicar sin más la imposibilidad de continuar los aportes a la CAAITBA, puesto que ello expondría una situación de desigualdad frente a otros profesionales de la ingeniería».
La misma medida reconoce que la modificación «podría resultar regresiva de la situación previsional anterior a la entrada en vigencia de la nueva legislación (Ley 15.030), al cercenarle la posibilidad de obtener una prestación previsional en la Caja en la que aportó una considerable cantidad de años».
Vale recordar además que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el mes de julio hizo lugar a un recurso presentado por el CIPBA para «suspender la transferencia de recursos al nuevo colegio porque la misma no se ajusta a derecho y hubiese representado un perjuicio para el conjunto de los matriculados del resto de las especialidades que verían mermado su patrimonio de forma injustificada».
Por eso, a pesar de que la creación de la nueva entidad fue aprobada en ambas cámaras, la situación de miles de profesionales de la agronomía en territorio bonaerense se encuentra en un verdadero «limbo» de indefiniciones, en el que los matriculados y hoy ex afiliados–de facto– de la CAAITBA temen perder sus aportes y los recientes y futuros matriculados no tienen garantías sobre su sistema jubilatorio, ni sobre el funcionamiento de la entidad en la que los obligaron a colegiarse.
