Mundo Profesional
El presidente del distrito VII del Colegio de Ingenieros, Norberto Beliera, cruzó al intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador del PRO, Javier Iguacel, que hace unos días adelantó que en caso de ganar las elecciones impulsaría una legislación para que deje de ser obligatoria la matriculación en los Colegios Profesionales.
Beliera, que justamente por estos días se encuentra en Santo Domingo invitado por el Colegio dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores para participar de los festejos por el 60 aniversario de su creación y hablar sobre Ejercicio profesional de la Ingeniería, recordó que el contralor es «una facultad delegada del Estado Provincial», que tiene por objeto ofrecer garantías a las sociedad sobre la idoneidad de quienes van a realizar determinadas tareas.
«Los títulos universitarios en muchos casos habilitan a ejecutar tareas que pueden comprometer el interés público, poniendo en riesgo la seguridad, la salud, la propiedad, los derechos, y la libertad de las personas, como en el caso de los Ingenieros, médicos, contadores, abogados, etc. Por ello es obligación del Estado controlar que dichas actividades que ha autorizado, sean correctamente ejercidas en sus respectivos territorios», puntualizó el ingeniero.
Agregó que «esta responsabilidad, las provincias y la Ciudad de Bs.As. la han delegado en instituciones creadas mediante leyes sancionadas por sus legislaturas: los colegios y consejos, órganos en los que confían su potestad originaria de contralor del ejercicio de las profesiones liberales» y por eso y «por tratarse de un rol propio del estado, el fundamento de la colegiación es afianzar el bien común, es decir, contribuir con la defensa del interés general de la comunidad, el que siempre debe estar por encima del interés sectorial, o coincidir con él».
Es decir que la posición exhibida por el extitular de Vialidad Nacional, que además calificó como un «curro» a la colegiación, colisiona contra el interés general de la comunidad y el bien común, según la constitución provincial y la leyes aprobadas en la legislatura bonaerense, sin contar con que los colegios y consejos profesionales además cumplen funciones «asesorando y colaborando con los poderes públicos, las entidades privadas, y los ciudadanos que así se lo requieran, realizando arbitrajes, emitiendo opiniones sobre asuntos públicos, velando por el prestigio y dignidad del trabajo profesional, dictando normas éticas y técnicas».
Finalmente Beliera remarcó que gracias a la existencia de los Colegios y Consejos Profesionales fue posible la jerarquización de las distintas actividades, «fijando honorarios mínimos por debajo de los cuales no se debe contratar—para que la competencia entre pares sea por idoneidad y consecuente prestigio, y no por un presunto menor precio-, combatiendo el ejercicio ilegal de la profesión, etc».
